La Justicia anula la modificación de la Ordenanza de Terrazas

El Ayuntamiento de Madrid había aprobado el texto en 2022


El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la modificación de la Ordenanza Municipal de Terrazas, en vigor desde el 1 de febrero de 2022, por carecer de impacto presupuestario y medioambiental y no haber sido sometida a información pública.

El citado tribunal ha estimado el recurso contencioso-administrativo presentado en su día por el grupo municipal socialista, al considerar que la modificación se adoptó “sin que se prevea en el procedimiento otorgar ningún trámite de audiencia a interesados”, y sin “existencia de un trámite de información pública”. Así, la sentencia señala la “omisión de aspectos esenciales” en la elaboración de la modificación normativa “que afectan al principio de buena administración”, además de la “vulneración de disposiciones legales del derecho interno”.

Tras esta decisión, el Ayuntamiento estudia ahora si recurre o no la sentencia, aunque el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ha anticipado que “lo razonable es que demos una vuelta a esa Ordenanza” y que el Consistorio trabajará para “mejorar” ese texto “en aquello que la Justicia ha dicho que no se cumplían los requisitos que se debían cumplir”. Almeida ha añadido que aprobará una nueva ordenanza que “garantice un sector económico esencial” y, al mismo tiempo, “priorice el descanso y la tranquilidad vecinal”, para lo cual mantendrá contactos con el sector y los vecinos.

La portavoz adjunta del PSOE-M, Enma López, ha manifestado que la decisión es un “nuevo revés judicial” para el gobierno municipal, que “no puede gobernar de espaldas a la ciudadanía”.

Por último, la sentencia impone además el pago de 2.000 euros de costas al Ayuntamiento y contra ella cabe recurso de casación, que deberá presentarse en el plazo de 30 días, es decir, durante la primera quincena de mayo. De pasarse dicho plazo, la anulación sería firme, por lo que volvería a entrar en vigor el texto sin modificar, aprobado en 2013, durante el gobierno de Ana Botella.

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