Los colegios de Chamberí, ante la nueva “Ley Celaá”

La octava norma educativa de la democracia nace con polémica

A finales del año pasado, el Pleno del Congreso aprobó la LOMLOE, conocida como “Ley Celaá”, que supone la octava legislación en materia educativa de la democracia. Un texto que ha recibido críticas desde varios sectores educativos, y que, pese a ser aprobada por la preceptiva mayoría absoluta, salió adelante, aunque muy lejos de lograr el consenso político y educativo. Un error, por otra parte, en el que ya incurrieron sus predecesoras. 

Entre las ventajas que aporta la nueva legislación, el Gobierno señala la apuesta por mejorar el éxito educativo y paliar el abandono escolar, así como la necesidad de garantizar la inversión en la enseñanza pública, la inclusión y la equidad, y la autonomía de los centros.

En el otro extremo, las principales críticas vienen por la eliminación del castellano como lengua vehicular, la posibilidad de promocionar a alumnos pese a acumular varios suspensos, el cerco a la educación especial o la amenaza a la supervivencia de la concertada. Sobre esto último, la Unión Europea admitía recientemente el recurso de amparo solicitado por los colegios concertados, al considerar que la norma vulnera la libertad de elección del centro educativo. También el PP se sumaba a la ofensiva y presentaba hace días un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva norma.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid –actualmente en funciones– ya anunció hace meses que daría batalla por retrasar la entrada en vigor de la nueva ley, para lo cual ha adelantado el proceso de admisión del próximo curso, que se iniciará durante este mes de abril.

Qué opinan los ‘coles’

En Chamberí 30 días hemos querido conocer el punto de vista de los propios centros educativos del distrito sobre la nueva legislación, sus ventajas e inconvenientes, y a continuación publicamos las respuestas de aquellos que han participado.

Así, desde el equipo directivo del Colegio María Inmaculada Ríos Rosas (Ríos Rosas, 35) admiten que “como centro concertado, estamos evidentemente preocupados por la aplicación de la ley, especialmente en lo que respecta a la libertad de elección de centro de los padres”, si bien confían en “ir viendo cómo evoluciona y cómo afectará más adelante al sistema educativo”.

Para el director del Instituto de Enseñanza Secundaria San Isidoro de Sevilla (Plaza del Marqués de Comillas, 1), Carmelo Rubio, la denominada ‘Ley Celaá’, “como todas las leyes educativas”, supondrá “un reto y conllevará dificultades, sobre todo a la hora de ponerla en marcha”. No obstante, explica que la nueva norma “contiene muchos aspectos importantes, que ya contemplaban leyes anteriores, como la LOE y la LOMCE, aporta algunos cambios y actualiza normativas que parecen interesantes si se aplican adecuadamente, por lo que habrá que esperar a su desarrollo autonómico”.

Por su parte, para Ignacio de los Reyes Melero, director adjunto del Colegio G. Nicoli (Eduardo Dato, 4), se trata de una ley “muy frágil, hecha sin consenso y sin capacidad de afrontar los grandes retos educativos planteados en este momento”. Reyes explica que “las propuestas más delicadas y discutidas, como la eliminación de la demanda social o el debilitamiento de las humanidades, entre otras, generan mucha incertidumbre e inquietud en centros y familias”, y tiene claro que “para afrontar el problema de la equidad y de la disgregación social –por un lado– y de la debilidad del sistema educativo –por otro– es fundamental contar con la Escuela Concertada, servirse de sus posibilidades y dialogar con ella, y esta ley y su tramitación no lo han hecho”.

Más crítico se muestra Jesús Sedano, director del Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo (Juan Montalvo, 30): “La LOMLOE es una ley que busca la confrontación entre enseñanza pública y concertada, asignando a esta última un papel absolutamente subsidiario, que la aboca a su progresiva desaparición en favor de una enseñanza pública única”. El director de este centro también aborda la cuestión de la libertad de elección: “[La nueva ley] prioriza la decisión y planificación de la Administración, por encima del derecho de los padres a elegir el tipo de educación que consideren más adecuada para sus hijos. Se acaba, en suma, con la pluralidad y la libertad de elección”.

Llegar a consensos

En opinión de Herbert Vermoet, director del Colegio El Porvenir (C/ Bravo Murillo, 85), “tocar una vez más viejos temas como la asignatura de Religión, quitar referencias al castellano como lengua vehicular o poner trabas a la concertada no contribuye a llegar a consensos en la comunidad educativa ni en el país”.

Además, señala la “insistencia” de la nueva norma por “elaborar un programa educativo único, que prepare a todos para acceder a Bachillerato y la universidad”, mientras “solo ofrecen alternativas como repetir un curso o ‘adaptar’ los objetivos para que cualquier alumno pueda titular en Secundaria. Pero de la reforma de la Formación Profesional solo se habla”. Y concluye: “Los resultados están a la vista, en el altísimo índice de fracaso escolar en toda España”.

Por último, Isabel María Martín, miembro del equipo directivo del Colegio María Inmaculada, Hijas de la Caridad (Fernández de la Hoz, 25), va más allá de enjuiciar la nueva norma en concreto, para señalar algo fundamental: “Independientemente de las leyes, es preciso un pacto de Educación que nazca desde el consenso y que perdure en el tiempo, que se escuche a los docentes y que se conozca a fondo la realidad de las aulas, para llevar a cabo mejoras que repercutan en los alumnos”.