Un mapa colaborativo para acabar con los “abusos” de las terrazas “infractoras”

La FRAVM ha reunido más de 250 quejas vecinales en solo un mes

Fernández de los Ríos, García de Paredes, Zurbano, Fortuny, Bravo Murillo, Cea Bermúdez, Ríos Rosas, Alonso Cano, Bretón de los Herreros, Espronceda, Santa Engracia y, por supuesto, Ponzano. Los nombres de estas calles son solo unos pocos ejemplos de los enclaves del distrito donde más terrazas “infractoras” se encuentran aún operativas. Un mes después de la aprobación de la nueva Ordenanza de Terrazas, los vecinos se han organizado para visibilizar la problemática.

Por ello, en las últimas semanas la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha comenzado a recopilar, a través de un mapa colaborativo, los fallos normativos distribuidos por toda la ciudad. Solo en febrero, los ciudadanos han anotado más de 250 quejas, las cuales predominan con mayor incidencia en Retiro, Salamanca, Centro y Chamberí. De hecho, nuestro distrito sobresale como el territorio por antonomasia de las terrazas covid, donde a raíz de la pandemia se han instalado cerca de 250 veladores sobre bandas de aparcamiento.

Para su elaboración, la FRAVM ha puesto a disposición de los ciudadanos un formulario abierto, en el que cada persona puede introducir los datos de todos aquellos incumplimientos que detecte, ya que, según explican, “los abusos se han extendido y los incumplimientos de los hosteleros a la norma aparecen como una constante”. Así las cosas, las infracciones están clasificadas y suelen ir acompañadas de una fotografía, que actúa como prueba documental.

Entre ellas las más frecuentes son la ocupación por parte de mesas, sillas y otros objetos del Itinerario Peatonal Accesible; los veladores; la distancia de la terraza a lugares e instalaciones sensibles, como garajes, pasos de peatones o paradas de autobús; la falta de acceso a portales de viviendas; el apilamiento de mesas y sillas en la vía pública; el incumplimiento de la distancia exigida entre el mobiliario y el bordillo de la calzada, así como los horarios de cierre y apertura.

Desde la entidad vecinal declaran que muchos de estos problemas se dan en áreas calificadas como saturadas, Zona Ambientalmente Protegida (ZAP) e incluso Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE). Y, respecto a estas últimas, señalan que “todavía no se han desinstalado todas las terrazas en bandas de aparcamiento existentes, a pesar de que nunca deberían de haberse autorizado, como han repetido una y otra vez las asociaciones vecinales”.

En el caso de los bares y restaurantes de Chamberí, “prácticamente el 100 % incumplen uno o dos preceptos de la Ordenanza”, asegura la portavoz de la asociación vecinal El Organillo, Pilar Rodríguez, en declaraciones al diario ABC. Según indica a este medio, de las 800 estructuras que conviven con los vecinos del distrito, al menos medio centenar son “ilegales”. Por ello, la última semana de febrero, la AAVV que representa remitió al Ayuntamiento un listado con los nombres, licencias y el estado actual de una veintena de terrazas para exigir su retirada.

Asimismo, en un comunicado, el presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, confirma que su objetivo con la elaboración de este mapa, en ningún caso es sustituir los necesarios servicios de inspección, control y vigilancia, sino que su intención está centrada en “visibilizar quejas y denuncias de los vecinos, que muchas veces han sido trasladadas previamente a las autoridades municipales, sin que estas hayan hecho absolutamente nada por resolverlas”. En esta línea, comenta que en unas semanas la FRAVM trasladará al Consistorio los datos recogidos, para “colaborar con los servicios de inspección y hacer que, cuanto antes, restauren la legalidad, especialmente en aquellas zonas que sufren una mayor concentración de terrazas”.

El PSOE recurre la nueva ordenanza

El Grupo Municipal Socialista ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la modificación de la Ordenanza de Terrazas. Tal y como explicó la portavoz socialista, Mar Espinar, desde su formación entienden que se produce "un incumplimiento claro del principio de buena administración, en lo que se refiere a la salud pública y al impacto medioambiental" y, además, también consideran que el texto carece de los informes necesarios para justificar la norma y el impacto que va a tener para la capital.