A finales de 2018 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulaba el Plan Especial aprobado por el Gobierno municipal de Manuela Carmena para la puesta en funcionamiento del frontón Beti Jai, debido a la ausencia de varios informes preceptivos. A esto se sumaba el recurso presentado, y a la espera de resolución, contra el resultado del concurso de ideas que decidiría la fase final de la rehabilitación del histórico recinto. Una patata caliente que recogió el gabinete entrante de José Luis Martínez-Almeida y que ha tardado casi cuatro años –prácticamente la legislatura entera– en moldear y devolverla al punto inicial de aprobación de un nuevo Plan Especial. Un Plan “continuista” más que nuevo, como señalan desde la Plataforma Salvemos el Beti Jai, que mantiene “las mismas amenazas patrimoniales” para el edificio, catalogado como Bien de Interés Cultural en categoría de monumento, y que la entidad vecinal cifra en dos: la cubierta y el incremento del 10 % de edificabilidad bajo la cancha. Por otro lado, la ampliación de usos hacia actividades culturales y educativas, manteniendo el uso deportivo como prioritario, tampoco supone una novedad, dado que esta ya figuraba en la declaración BIC del frontón.
Habrá que ver, en el desarrollo que a partir de ahora seguirá el Plan, cómo se resuelven ambos aspectos, teniendo en cuenta que la instalación de una cubierta –que deberá ser “traslúcida, ligera y disociada de la edificación”, según el texto– era un mal menor ya casi asumido por casi todos para que el recinto pudiera entrar en funcionamiento. También cómo se justifica la necesidad de aumentar la edificabilidad, en un inmueble que afortunadamente ya han podido admirar cientos de vecinos madrileños en las múltiples visitas organizadas, por lo que, de cara a la opinión pública, no será tan fácil devaluar una de las más insólitas joyas arquitectónicas de la capital. En cualquier caso, cuatro años se antojan demasiados para llevar el futuro del Beti Jai casi al mismo punto del que se partía, y con idénticas consideraciones. Toca pues acelerar.
Lo que sí parece que ha acelerado es la implantación de la futura Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) de Trafalgar-Ríos Rosas, tras la luz verde de la Junta de Gobierno a la medida y a su plan zonal específico, que debería desembocar, según los cálculos del Área de Medio Ambiente y Movilidad, en una aprobación definitiva a finales de este mes y su puesta en marcha el próximo 9 de enero de 2023. La que será la segunda ZPAE que albergue el distrito refleja el que es, desde hace tiempo, uno de los grandes conflictos que soporta Chamberí. Un problema que ha llegado incluso al Parlamento Europeo a través de una petición vecinal y que ha obligado a los residentes a salir a la calle en numerosas ocasiones para protestar por el “atentado contra la salud y el derecho al descanso” que supone el ruido continuado de los locales de hostelería –más del 90 % de los comercios de la zona delimitada son bares–, principalmente en el horario nocturno y los fines de semana. Solo cabe esperar que la nueva normativa tenga efecto y sirva para que la convivencia llegue a unas zonas que viven entre el sueño y la pesadilla.
Deje un comentario