Chamberí es un distrito con sabor madrileño, en el que sus habitantes han ido envejeciendo. Esta realidad provoca que haya muchos edificios que originariamente carecen de ascensor, aunque, gracias a la sensibilidad de la Administración, existen muchas ayudas económicas y subvenciones para la eliminación de este tipo de barreras arquitectónicas, que permiten ofrecer a los vecinos que nacieron aquí, y que hoy son octogenarios y nonagenarios, la posibilidad de seguir viviendo en su barrio.
Sin embargo, y desgraciadamente, hay comunidades de propietarios que incumplen sistemáticamente la ley, demorando a propósito dichas mejoras, con la esperanza de que dichos vecinos fallezcan.
En este sentido, quiero denunciar la situación de dos vecinas de la calle de Medellín, 10, que solicitaron la eliminación de barreras arquitectónicas en 2019, y así cada año hasta el día de hoy.
Actualmente, la mayoría de los propietarios siguen bloqueando este tema en las reuniones de vecinos, aun sabiendo que incumplen la ley, concretamente el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ia Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, así como el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal, según el cual esta comunidad debería ser accesible desde antes del 4 de diciembre de 2017… A su vez, tenemos un expediente abierto en disciplina urbanística de la Junta de Chamberí desde hace dos años, y un informe de viabilidad positiva de la obra, e incluso otro informe realizado por parte de la Oficina de Denuncias de Accesibilidad y Ayudas Técnicas (ODAT), indicando la obligación de instalarlo.
Además, una de las propietarias lleva meses sin poder salir a la calle, al no poder bajar ni subir las escaleras, habiendo perdido todo contacto con la sociedad y con su centro de día, al que acudía de lunes a viernes, por lo que nos sentimos desprotegidas y discriminadas por razón de sexo, edad y condiciones físicas.
Muchas gracias.
Susana García
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