«Entregaremos las riendas de las decisiones a los ciudadanos», alardeaba el concejal de Participación, Pablo Soto, allá por 2015, durante la presentación de los referéndums vinculantes que planeaba Ahora Madrid tras alcanzar el gobierno municipal. Un año y medio después, el Consistorio ponía en marcha la consulta sobre la reforma de Gran Vía, una de sus propuestas estrella, pero ya con una advertencia por parte de la portavoz municipal, Rita Maestre: dar prioridad al peatón formaba parte «de la política del gobierno, de la que ni queremos ni podemos retractarnos».
Desde el principio, la participación ciudadana ha sido el mantra del equipo de gobierno de Carmena, que ha impulsado varias fórmulas –Presupuestos Participativos, Foros Locales, consultas– para paliar el, en su opinión, déficit de intervención de la ciudadanía en los asuntos municipales. La idea subyacente era que las decisiones que afectaban a la ciudad y los barrios se tomaran con consensos más amplios que los meramente representativos, surgidos de las citas electorales. Casi tres años después de que la "nueva política" haya tomado la vara consistorial, puede decirse que estos instrumentos participativos sólo se aligeran –y con niveles de ejecución simbólicos– en aquellos aspectos que, como en la reforma de Gran Vía, forman parte de la sintonía «de la política del gobierno».
El final de las mayorías absolutas ha supuesto además una novedad. Con la fragmentación de los Plenos, tanto en Cibeles como en los respectivos de los distritos se aprueban constantemente proposiciones que desde la misma votación se saben condenadas al olvido. El pasado año, el PSOE denunció que se estaban ignorando uno de cada tres acuerdos impulsados por ellos. En cuanto al resto de la oposición, las cifras de iniciativas aprobadas y postergadas –por no decir, directamente ignoradas– incluso aumentan. Lo hemos visto en Tetuán con la instalación de cámaras de videovigilancia en la zona de Bellas Vistas, pero también en Chamberí, con la recalcitrante demanda de reversión del experimento en Galileo, aprobada tanto en Cibeles como en la Junta de Distrito, y que ha recogido más de dos millares de firmas y ha recibido más apoyos que ninguna otra propuesta en la primera fase de los Presupuestos Participativos.
En esta situación, cualquiera entendería que el Ayuntamiento diera marcha atrás en un proyecto experimental y revisable desde su nacimiento –por más que también haya vecinos partidarios de él–, como es el caso de Galileo. Pero no. La alcaldesa ha repetido en varias ocasiones que ni las iniciativas de los Foros Locales ni las de la oposición son vinculantes para el equipo de gobierno municipal, por mucho que se aprueben por mayoría. Ahora bien, si quien carece de mayorías cualificadas no las atiende, y además ignora la postura de los ciudadanos –a quienes pretendía «dar las riendas» de las decisiones– cuando estas van en contra de sus convicciones, lo que nos queda es, básicamente, lo de siempre: lo único vinculante es el parecer de la Junta de Gobierno, mientras la participación, o bien se ignora, o bien se usa como coartada.
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